La libertad de información, o el derecho a la información, puede definirse como el derecho a tener acceso a la información que está en manos de entidades públicas. Es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
La libre circulación de la información y de las ideas es un pilar fundamental de la noción misma de democracia y es decisiva para el respeto efectivo de los derechos humanos. La democracia exige que los individuos sean capaces de participar efectivamente en la adopción de decisiones y de evaluar el desempeño de su gobierno. Esa participación depende del acceso a las diversas informaciones en manos de las entidades públicas, ya se trate de información sobre las leyes o los derechos aplicables en un país, o bien sobre el estado de la economía, los sistemas sociales y otros asuntos de interés público, como el uso de los fondos públicos. La libertad de información contribuye, pues, a la apertura y la rendición de cuentas de los gobiernos y representa un importante instrumento para prevenir y combatir la corrupción. También puede ayudar a que aumente a un tiempo la eficiencia y capacidad de respuesta del gobierno y la confianza cívica. De hecho, una de las maneras más eficaces de poner remedio a una gobernanza deficiente consiste en entablar un debate abierto e informado. Aunque el derecho a la información no puede sustituir a la buena gobernanza, apoya y ayuda a su puesta en práctica.
De todo lo anterior se desprende que la libertad de información contribuye a la consolidación de la capacidad de decisión y la igualdad de todos los grupos sociales, inclusive las mujeres y los pueblos indígenas. Además, está asociada a mercados que funcionan bien, coyunturas de inversión mejoradas y una ayuda al desarrollo eficaz. De ahí que cada vez se reconozca más su pertinencia para el desarrollo socioeconómico.
La necesidad de adoptar leyes para garantizar de forma efectiva la libertad de información representa un desafío fundamental en muchos países del mundo. Sin embargo, no basta simplemente con promulgar una ley de libertad de información para que queden establecidos los principios de la libertad de información. Las leyes sobre la libertad de información varían en contenido y alcance, y su aplicación depende de múltiples factores, desde las leyes constitucionales en que se enmarcan hasta la disponibilidad de fondos y de recursos humanos bien instruidos para aplicarlas, pasando por el dinamismo de la sociedad civil, incluido el activismo de organizaciones no gubernamentales que abogan por la transparencia en la vida pública y periodistas profesionales de investigación y la capacidad de los ciudadanos para recurrir a la ley en beneficio propio.
Así, con la libertad de información, los cibernautas y los usuarios en general de los medios de comunicación aparte de Internet y redes sociales, pueden acceder a información relevante, lo cual puede hacer que tengan más conocimiento de lo que está pasando hoy en día y poder tener una opinión al respecto. Además, con estos sistemas de información, las personas al tener más acceso a ellas pueden ejercer una mayor democracia con respecto al sistema en el cual habitan, apelando a que conocen lo que ocurre a su alrededor y a que dado los conocimientos que les son otorgados a través de la tecnología éstos pueden ser más cultos, dándose así paso hacia la libertad de expresión y libertad de obtener conocimientos.
Por otro lado, cabe destacar que este último tiempo se ha visto que ha habido intento de censura de Intenet y la limitación de este con respecto a páginas web. Un ejemplo de ello es la Ley Sopa, creada en EEUU, la cual tiene una repercusión a nivel mundial y que varios cibernautas han rechazado. Para saber más de este tema puedes acceder al siguiente blog:
http://uddti2012-2.blogspot.com/2012/11/libertad-democracia-y-cultura.html
Fuentes:
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